El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), presidido por Félix Tshisekedi , ha anunciado el fin de la moratoria sobre la pena de muerte -que se remontaba a 2003, cuando era presidente Joseph Kabila – y ha decidido reinstaurarla contra los militares que incurran en traición y los culpables de «bandidaje urbano causante de muertes», según un documento firmado por la ministra de Justicia, Rose Mutombo. Esta medida previsiblemente se aplicará especialmente en el este del país, donde actúa con total impunidad la guerrilla del M-23 formada por ex militares congoleños apoyados por el ejército ruandés. Hasta ahora las penas capitales para miembros de grupos armados habían sido conmutadas con cadenas perpetuas. La creciente tensión con la vecina Ruanda y la multiplicación de grupos rebeldes ha podido acelerar esta drástica decisión. La noticia ha sido acogida de diferente manera por la sociedad congoleña. Ya se han pronunciado contra esta medida varias personalidades como los opositores Martin Fayulu y Devos Kitoko , y el cardenal arzobispo de Congo Fridolin Ambongo . Noticia Relacionada reportaje Si El reverso oscuro de la revolución verde: los abusos del cobalto en la República Democrática del Congo Silvia Nieto «Todos ellos consideran que esta medida dará lugar a arbitrariedades. Se perseguirá a personas inocentes por una justicia congoleña que no dispone de recursos para llevar a cabo investigaciones», según explica desde Kinshasa para ABC el periodista congoleño Plotin Yambenga . Para Devos Kitoko , secretario general del partido Compromiso Ciudadano para el Desarrolllo (ECiDé), «el restablecimiento de la pena de muerte en un país donde la justicia tiene fama de estar enferma y los gobiernos se hacen con la ayuda de las máquinas de votar, es una institucionalización de los asesinatos y homicidios intencionados». El cardenal Fridolin Ambongo considera que «la pena de muerte es un paso atrás. La noción de traidores se difumina porque los verdaderos traidores son los gobiernos que no sirven a la población». «No me parece que un gobierno responsable pueda levantar tal opción», agrega. Martin Fayulu opina que «el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte por un régimen que desprecia la Constitución y la ley , así como los derechos humanos y las libertades, no es sorprendente. La voluntad declarada del régimen de consolidar su dictadura es ahora evidente». Por otra parte, algunos ciudadanos también han manifestado en Kinshasa su apoyo a la pena de muerte, aunque critican la ligereza con la que funciona la justicia congoleña. «Limpiar de traidores el ejército» La ministra Mutombo señaló al anunciar esta medida que el objetivo del restablecimiento efectivo de la pena de muerte es «limpiar de traidores al ejército de nuestro país (…) y frenar el recrudecimiento de los actos de terrorismo y de bandidaje urbano causante de muertes». La Unión Europea (UE), por su parte, ha lamentado la decisión del Gobierno congoleño y ha reiterado su «oposición firme e inequívoca» a este castigo, «en todo momento y en todas las circunstancias». El alto representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell , afirma que «la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio eficaz contra la delincuencia y hace irreversible cualquier error judicial», y señala que «se seguirá actuando de cara a la abolición de la pena de muerte en los pocos países que la aplican, en línea con la creciente tendencia mundial hacia el abandono de este tipo de pena».