El Supremo de EE.UU. dictamina que la Policía ya no está obligada a leer los derechos a los detenidos

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Muchos son capaces de repetirlo después de haberlo escuchado cientos de veces en películas y series policíacas: «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Tiene derecho a hablar con un abogado…». Son los llamados ‘derechos Miranda’, los avisos que los policías en EE.UU. están obligados a comunicar a los detenidos en su arresto, como advertencia de que lo que digan durante la detención podrían ser autoinculpatorio durante un juicio.

Desde este jueves, los ‘derechos Miranda’ tienen menor protección después de que el Tribunal Supremo decidiera que los arrestados no pueden demandar y exigir compensación a los policías que no les hagan esas advertencias durante la detención.

Los ‘derechos Miranda’ están establecidos desde una sentencia del Supremo de 1966 y se establecieron en base a la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege, entre otras cosas, a los ciudadanos frente a la autoinculpación. La decisión de ahora del Supremo, que emana de un caso de 2014 en el que un acusado de violación sexual no le fueron comunicadas las advertencias, no elimina ese derecho, pero lo debilita. Las protecciones de los ciudadanos serán menores ya que no podrán demandar a los policías que no les lean esos derechos y exigir una compensación económica. También supone que los agentes no tendrán la sombra de una imposición de daños y perjuicios por no cumplir con esa obligación.

Si se obtiene una declaración perjudicial del detenido para sus intereses sin que se le hayan comunicado esas advertencias, su defensa podrá buscar que no sean utilizados durante un juicio. Pero no podrá obtener una compensación por la violación de esos derechos por parte de las autoridades.

La decisión fue apoyada por los seis jueces conservadores, nombrados por presidentes republicanos, mientras que los tres magistrados nombrados por presidentes demócratas se posicionaron en contra.

Samuel Alito, el juez conservador encargado de redactar la sentencia, aseguró que el incumplimiento de los ‘derechos Miranda’ «no es en sí misma una violación de la Quinta Enmienda» y que «no hay justificación para expandir» esos derechos de manera que otorguen «un derecho a demandar».